Por Ricardo Bustos
«No se enojen con este humilde ciudadano… mejor reflexionen»
Cualquier diario o sitio periodístico de Internet publica hoy, noticias que alarman por la enorme cantidad de beneficiarios y planes que el estado nacional paga sin solicitar contra prestaciones a quienes los reciben.
En los 20 años analizados por Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), el Ministerio de Desarrollo Social gestionó una docena de programas y/o acciones compensatorias; algunos se mantuvieron en el tiempo y otros fueron reemplazados o cambiaron de nombre, pero siempre el eje es la transferencia monetaria.
En millones de pesos a precios de 2021, el dinero involucrado en los giros de esa cartera creció 3373 %, de $15,037 millones a $522,369 millones.
Las pensiones no contributivas (PNC) las paga la Anses, pero corresponden a Desarrollo Social. Entre 2001 y 2021 saltaron de 76,000 a más de un millón (del 0,2 % de la población al 2,4 %). Para Idesa, ese crecimiento, «sin haber mediado ninguna catástrofe natural ni una guerra», parece indicar que hubo “discrecionalidad y fraude”.
Según la pluma de Gabriela Origlia, para La Nación, Especialistas en gasto social admiten que no existe una evaluación de cuánto gasto en gestión y/o administración insumen los planes sociales. Incluso es complicado encontrar una cuantificación del impacto en los niveles de pobreza e indigencia, o los mecanismos de distribución directa o a través de organizaciones sociales y punteros, con lo que esa práctica puede implicar como manipulación política de la ayuda.
En opinión de Roberto Cachanosky, para Infobae, Los planes sociales agravan la pobreza. La política de asistencia social sin contraprestación laboral se ha convertido en un obstáculo para la superación de un flagelo que ya adquiere el carácter de estructural.
En la Argentina se ha instalado la cultura de la dádiva y mucha gente se ha acostumbrado a vivir del trabajo ajeno, considerando esa forma de vida como un derecho adquirido. Hay gente que se siente con derecho a no trabajar y a que otros los mantengan. Y ya van generaciones que crecen viendo a sus padres sin trabajar viviendo de planes sociales, con lo cual toman como algo normal que otro los tenga que mantener.
Si se toman los datos por población, se verá que en 2019 el 44 % de la población recibía algún plan social. ¡Estamos hablando de 21 millones de personas!
El 46 % de la población recibe plata de 12 millones de personas que trabajan en blanco: esto y pavimentar el camino a la pobreza es exactamente lo mismo. Es definitivamente falso que este “asistencialismo” basado en planes sociales esté paliando la pobreza. Claramente la aumenta porque crea las condiciones para que la cultura de la dádiva prevalezca.
Un informe de la Universidad Nacional de Cuyo, desnuda una de las aristas que el gobierno trata de mantener mas ocultas.
«Planes sociales y desocupación: la eterna polémica. ¿Qué pasa con las contraprestaciones? ¿Son los planes sociales un remedio para atacar a la enfermedad o una curita para evitar el sangrado?»
Los índices de desocupación en Argentina se mantienen en niveles altos y cuando disminuyen es generalmente porque el INDEC considera los planes sociales y los sub-empleos como trabajos permanentes.
La crisis no es nueva, pero mientras los organismos gubernamentales afirman que la economía crece y el desempleo disminuye se siguen oyendo reclamos solicitando “más trabajo». Aunque tampoco podemos negar que hay quienes sienten los planes sociales como parches para resolver -aunque provisoriamente- su situación.
Planes sociales
Hace unos meses atrás, Monseñor Cassaretto, presidente de Cáritas, encendió la polémica al afirmar, que algunos planes sociales fomentan la vagancia, entre ellos el Plan Jefes y Jefas de hogar donde existe un 50 % de beneficiarios que no cumplen con la contraprestación correspondiente, que consiste en terminar los estudios, asistir a cursos de capacitación o trabajar para algún organismo o empresa.
Debido al revuelo armado por sus declaraciones, las ratificó pero afirmando que su posición era señalar la necesidad de la contraprestación laboral como una forma de «devolverle la dignidad a la gente».
Según «Nuevas Generaciones», el Gobierno Nacional argentino maneja 58 planes sociales distintos que otorgan transferencias monetarias sin contraprestación. La falta de mecanismos transparentes han generado un sistema clientelar financiado con fondos públicos, donde las personas quedan atrapadas en la pobreza y se vuelven dependientes perennes de la ayuda social. En ese sentido, los programas sociales pierden su razón de ser. En lugar de ser una ayuda para que las personas dejen la pobreza o puedan enfrentar mejor alguna desgracia, el fin pasa a ser mantener a la gente en la pobreza y en la dependencia de los políticos de turno.
Me pregunto, como simple Ciudadano que ha vivido muchas crisis como la presente en Argentina… ¿Que sucedería si de un día para otro, se solicita a quienes reciben algún plan o beneficio del Estado, utilicen alguna vestimenta o emblema que los identifique como contra prestadores por el dinero que reciben cada mes en el cajero?
Es bien sabido que en cualquier pueblo o ciudad, hay miles de ejemplos de estas personas que utilizan Celulares de $ 80,000, ropa de moda, zapatillas de marca, cabellos con tinturas y de peluquería, motos 0 Km, etc. y no devuelven ni una hora de su tiempo, para tratar de justificar o agradecer lo que reciben por NO HACER NADA en bien de la sociedad que aporta su esfuerzxo para que ellos perciban esos planes.
El autor es: Locutor Nacional-Comunicador
Capiovi, Misiones, Argentina
DNI 7788556
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